Les lleis poden canviar.

Notícia de la Vanguardia del 2/9/2008 .
Ja és bo que veus autorizades diguin que cal modificar el Codi Penal per acabar amb aquesta lacra laboral que és l'assetjament.
També recordem que el PSOE l'any 2001 quan estava a l'oposició va presentar un projecte de llei, que no va ser aprovat, on demanava la modificació de l'Estatut dels Treballadors, la llei de Procediment Laboral, la llei de Prevenció de Riscos Laborals, la llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, la llei de Funcionaris Civils de l'Estat i la llei 30/1984 de Mesures de Reforma de la Funció Pública. Tot això per clarificar i penalitzar específicament els casos d'assetjament laboral.
Alguna d'aquesta normativa actualment estaria substituida en l'àmbit de l'administració pública per l'Estatut Bàsic de la Funció Pública que també agrairía algun retoc.
Si tanta gent està d'acord en que cal endurir les lleis en aquests casos, seria un detall que es fes alguna cosa.
Passem a transcriure la informació del citat diari:

Una juez lamenta la falta en el Código Penal de un delito específico para perseguir el acoso moral en el trabajo.

La laguna jurídica del 'mobbing'

UGT alerta de que los casos de 'mobbing' aumentan en el sector público | Los departamentos de Salut y Educació copan el 78% de las consultas por acoso

Un día la insultó gritándole tonta, inútil, no sirves para nada (...), otro día le asignaba funciones que no tenían trascendencia ni utilidad (...) y en una ocasión la obligó a sentarse en la mesa del conserje para que se sintiera degradada". Es sólo una parte del infierno que Begoña Solé vivió en su trabajo y está recogida en una de las primeras sentencias condenatorias dictadas en España - el fallo lo emitió un juzgado de Lleida- contra una jefa de la Administración pública por acoso moral en el trabajo. La juez autora de esa sentencia lamenta que el Código Penal todavía no defina ni incluya el mobbing como un delito.

La Administración es un foco creciente de mobbing, alerta el sindicato UGT. La situación vivida por Begoña Solé, funcionaria del servicio de Carreteres en Lleida, la padecen otros trabajadores de la función pública. "Estas situaciones se agravan en la empresa pública más que en la privada - afirma el responsable laboral de servicios públicos de UGT-Catalunya, Xavier Borrajo- por las dificultades para un cambio de destino". Es lo que le pasó a Begoña, que hacía ya años que ocupaba sin problema alguno el puesto, hasta que llegó una nueva jefa - Teresa Casals- y fue relegada en sus funciones.

La magistrada que condena a esta responsable de Carreteres de la Generalitat no tiene duda: Begoña Solé fue víctima de mobbing. El fallo dice que el acoso se manifiesta con la asignación de tareas "innecesarias, degradantes, repetitivas o imposibles de cumplir", impidiendo a la víctima "las relaciones con el resto de los compañeros", o atacándola con "críticas hirientes, vejaciones, burlas…".

El problema de la magistrada del juzgado de lo penal número 2 de Lleida es que, pese a quedar probado este acoso moral, no ha podido condenar a la acusada por mobbing. "El acoso moral en el trabajo, en sus manifestaciones más graves, debería ser objeto de protección penal mediante una definición precisa de la acción típica y de los elementos normativos y descriptivos que deben integrarla", recoge la sentencia. Esa laguna judicial obliga a los jueces - destaca la magistrada- "a buscar otros tipos penales que encajen, como un delito de lesiones, coacciones, o contra la libertad y seguridad de los trabajadores".

En el caso de Begoña Solé, que precisó atención psiquiátrica, su jefa fue condenada por una falta de coacciones a la pena de 20 días de multa, con una cuota de 12 euros diarios. La sentencia condena también a Teresa Casals a indemnizar a la subordinada con más de 63.000 euros. La sentencia, recurrida por la parte condenada ante la Audiencia de Lleida, señala la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat al estimar que no veló por el bienestar de la funcionaria y que con un mayor control de esa jefa habría podido evitarse este acoso.

Begoña se recupera del infierno vivido y la sentencia ha sido un alivio para ella después de superar muchas dificultades (los compañeros raras veces apoyan a las víctimas de mobbing)para demostrar la veracidad de sus acusaciones.

La sentencia dictada en Lleida evidencia esa laguna judicial sobre el acoso moral en el trabajo que hace tiempo denuncian los sindicatos. A raíz del fallo, UGT ha aprobado una resolución que pide que el mobbing sea tipificado como delito en el Código Penal. Borrajo indica que al sindicato le preocupa sobre todo el aumento de consultas de funcionarios. Sólo en Lleida, han constatado que el pasado año se duplicaron (de 26 consultas se pasó a más de 70) de empleados de la función pública, informa Josep González, secretario de la federación de servicios públicos de UGT en esta provincia.

La asociación Contra l´Assetjament Moral en el Treball (CLAM) confirma un ascenso del mobbing en el sector público, según su presidenta, Joana Pradas. De las consultas de los últimos años, el 59% provenía de funcionarios. Los departamentos de Salut y Educació coparon el 78% de los casos. El trabajador acosado suele ser una persona de 40 a 55 años y el 78% son mujeres. En el 58% de los casos, el mobbing es por un superior. En el sector privado, el 41% de las consultas a CLAM son de personal que hace tareas administrativas.